Pedro Castillo, desde el penal de Barbadillo, volvió a negar categóricamente los cargos por rebelión que enfrenta. Según él, “esa imputación […] es más falsa que la tesis de Patricia Benavides”, refiriéndose a la exfiscal de la Nación recientemente restituida . En su intervención en la audiencia del 17 de junio, el exmandatario acusó a la Fiscalía de no tener pruebas contundentes del intento de autogolpe del 7 de diciembre de 2022 y de forzar una figura legal que no se ajusta a la realidad . Además, su defensa legal presentó un recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitando la nulidad de la prisión preventiva y su sustitución por arresto domiciliario con monitoreo electrónico.

El juicio, que comenzó en marzo en el penal de Barbadillo, incluye acusaciones por rebelión, abuso de autoridad y perturbación a la tranquilidad pública. La Fiscalía ha reunido testimonios y documentos que justifican su línea de investigación, solicitando una pena de hasta 34 años de prisión. No obstante, Castillo y su equipo legal apelan a que el proceso es un caso de “lawfare”, es decir, persecución política enmascarada como proceso judicial. Argumentan que no existe evidencia de violencia física ni armado, un elemento esencial para tipificar rebelión .

Su defensa afirma que el juicio viola derechos fundamentales y que solo pretende deslegitimar a Castillo ante la opinión pública. La estrategia incluye llamados a instancias internacionales como la CIDH para frenar lo que califican de suspensión arbitraria . Mientras tanto, el proceso continúa, con audiencias programadas y una creciente atención mediática que vuelve a impulsar el debate sobre la legitimidad y el sesgo en procesos judiciales de alto perfil.

Este caso vuelve a poner en el centro la tensión entre poderes, la independencia judicial y los límites del enfrentamiento político en el Perú.