El Poder Judicial volvió a rechazar la solicitud de liberación presentada por la defensa del expresidente Pedro Castillo, actualmente bajo prisión preventiva por el delito de presunta rebelión en agravio del Estado. El juez supremo provisional Edhin Campos Barranzuela, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, declaró infundado el pedido de cese de prisión preventiva en una resolución emitida el 17 de septiembre de 2025.

El magistrado argumentó que la medida restrictiva sigue siendo idónea, necesaria y proporcional para asegurar la presencia de Castillo en el proceso. Según la resolución, aún persisten riesgos procesales como peligro de fuga y de obstrucción a la justicia, lo que justifica mantener la detención.

La defensa del exmandatario había alegado irregularidades procesales, como la supuesta falta de una denuncia constitucional completa por parte de la Fiscalía y el retraso en la prolongación de la medida cautelar. Sin embargo, el juez respondió que estas observaciones deben canalizarse mediante recursos legales o acciones constitucionales, y que el cese de prisión preventiva solo procede si aparecen nuevas pruebas que descarten los riesgos iniciales.

De manera paralela, jueces de la Corte Suprema evalúan añadir el delito de conspiración para rebelión al proceso que ya incluye cargos por rebelión, abuso de autoridad y alteración grave del orden público, en relación al intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. La jueza Norma Carbajal señaló que durante las audiencias surgieron elementos que podrían encajar en esta nueva calificación. Ahora, corresponderá al fiscal Edward Casaverde decidir si formaliza la acusación adicional.

Con esta resolución, Pedro Castillo seguirá privado de su libertad mientras avanza un proceso judicial que continúa marcando la agenda política y judicial del país.