El Ejecutivo peruano ha incumplido el plazo legal para implementar un prefijo telefónico que permita identificar las llamadas spam, como lo exige la Ley 32323. Esta normativa, promulgada en mayo de 2025, busca proteger a los consumidores de comunicaciones publicitarias no solicitadas.

Según lo establecido, el Gobierno tenía hasta el 9 de julio para emitir una normativa complementaria que regule el uso de numeración especial, validación de llamadas y mecanismos de seguridad. Sin embargo, hasta la fecha no se ha publicado ninguna disposición oficial, lo que deja sin efecto práctico una parte clave de la ley.

Mientras tanto, los peruanos siguen recibiendo llamadas comerciales intrusivas a diario. Así lo señala Aspec (Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios), cuyo presidente, Crisólogo Cáceres, advirtió que no se ha observado una reducción en estas prácticas, debido a la falta de fiscalización y compromiso estatal.

La Ley antispam ya está en vigencia y prohíbe que empresas usen medios como call centers, mensajes de texto, correos electrónicos y llamadas automáticas para ofrecer productos o servicios si no cuentan con el consentimiento del usuario.

A pesar de ello, sin el prefijo que permita a los usuarios identificar estas llamadas, el control y la sanción son casi imposibles. Aspec también señala que esta inacción genera inseguridad jurídica y debilita la protección al consumidor.

En resumen, aunque la ley fue aprobada con buenas intenciones, su ejecución está estancada por falta de acción del Ejecutivo. El acoso telefónico continúa, y los consumidores siguen esperando medidas efectivas.