El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, reafirmó en la ONU que el Gobierno de Dina Boluarte evalúa la permanencia del Perú en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Durante su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, defendió la polémica ley de amnistía aprobada en el Congreso, que beneficia a procesados por crímenes de lesa humanidad.

Santiváñez justificó la norma argumentando que responde al contexto del terrorismo vivido entre 1980 y 2000, y que fue aprobada respetando la separación de poderes. La ley fue declarada inaplicable por la Corte IDH, al considerar que contradice compromisos internacionales en materia de verdad, justicia y reparación para las víctimas.

El Alto Comisionado de la ONU, Volker Türk, criticó duramente la norma por “alejarse de la justicia y fomentar la impunidad”. En respuesta, Santiváñez defendió la soberanía nacional y subrayó que el Perú tiene derecho a revisar su vínculo con organismos internacionales.

La presencia del ministro en Ginebra también generó controversia, pues viajó pese a tener una orden de impedimento de salida del país. El Poder Judicial le otorgó un permiso temporal, a pesar de la oposición del Ministerio Público.

Organismos de derechos humanos y sectores políticos cuestionaron tanto el viaje como el discurso de Santiváñez, acusándolo de intentar debilitar el sistema internacional de protección de derechos humanos.

La situación evidencia una creciente tensión entre el Gobierno peruano y organismos internacionales, en medio de una agenda que promueve impunidad para casos graves del pasado y cuestiona el papel de la justicia supranacional en el Perú.