El presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Gino Ríos Patio, seguirá en el cargo pese a una sentencia firme por violencia familiar. La votación para su vacancia terminó con solo dos votos a favor y cuatro en contra, entre ellos el de la vicepresidenta María Teresa Cabrera. Así, Ríos completará su mandato hasta diciembre de 2025.

La sentencia, emitida por el Primer Juzgado de Familia de La Molina, estableció que Ríos ejerció maltrato psicológico contra su exesposa. El fallo, que no fue apelado, incluyó medidas de protección y se basó en cartas con amenazas y pericias psicológicas. A pesar de que la Ley Orgánica de la JNJ impide que condenados por violencia familiar ocupen cargos, la mayoría de consejeros optó por ignorar este criterio.

Durante su selección en 2023, la denuncia fue omitida bajo el argumento de “privacidad familiar”. La abogada de la víctima había alertado al comité, presidido por el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, quien decidió no actuar.

La votación desató una ola de críticas. Activistas feministas y congresistas como Ruth Luque y Flor Pablo denunciaron el blindaje como una afrenta a las víctimas de violencia. La abogada Beatriz Ramírez señaló que la JNJ “desconoce sentencias firmes por afinidad política”.

Ríos se defiende alegando que no tiene antecedentes penales y que el caso fue civil, no penal. Sin embargo, la contradicción es evidente: él avaló antes la destitución de un consejero con antecedentes similares.

Este caso deja en evidencia graves fallas éticas en la JNJ, el organismo encargado de nombrar, ratificar y destituir jueces y fiscales en el Perú. La permanencia de Gino Ríos expone una profunda crisis de legitimidad institucional.