Agricultor Claudio Ayre Dávila se encadenó frente al Gobierno Regional de Junín el 4 de agosto para exigir el pago de daños tras un accidente de tránsito. Su vehículo de trabajo fue chocado por un camión oficial el 25 de abril y quedó destrozado. Ayre afirma que no recibió ni un sol, pese a presentar cartas, videos y reclamos al gobernador Zósimo Cárdenas y a policías regionales. Solicitó un préstamo de S/25 000 para costear reparaciones mientras insistía en que se le pague S/22 000 por gastos materiales y pérdida de ingresos familiares.
Un informe de la Contraloría N° 040‑2025 reveló graves falencias en el manejo del caso: no se tomaron pruebas de alcoholemia, no se realizaron peritajes técnicos ni hubo testigos profesionales. Eso desató críticas ciudadanas. Tras días encadenado, Ayre logró que se programe una audiencia de conciliación obligatoria entre él y el chofer del vehículo oficial implicado en el accidente.
El acuerdo contempla que se le pague la mitad del monto reclamado, es decir S/11 000, por daños e ingresos perdidos. El pago será fraccionado y debe completarse en los diez días hábiles posteriores, bajo supervisión pública o mediante constancia bancaría. Se espera que el chofer de placa EAJ‑230 cumpla sin dilaciones.
Este capítulo tiene un fuerte valor simbólico. Ayre encarna a la ciudadanía que sí exige reparación legal, sin recurso a la violencia. Su protesta pacífica expuso la lentitud institucional del Gobierno Regional de Junín y reafirmó el derecho de los afectados a ser indemnizados. La conciliación alcanzada podría ser un precedente: muestra que incluso el Estado debe responder cuando provoca un daño.
Queda por resolver si este mecanismo se replicará con otros casos. La comunidad rural observa con atención. La conciliación parcial pactada no cubre todos los perjuicios —no incluye daño moral ni lucro cesante completo— pero representa un avance. El verdadero desafío está en que el GORE cumpla el acuerdo y mejore sus protocolos para reparar daños oportunamente. El caso prueba que un acto de presión popular puede abrir puertas cerradas por décadas. La justicia tardía no debe ser justicia negada.
