La presidenta Dina Boluarte ofreció un mensaje a la nación por Fiestas Patrias que se extendió por más de cuatro horas, con 97 páginas leídas ante un Congreso casi vacío. Las cámaras de comercio regionales —como CCL, ADEX, Confiep y Perucámaras— expresaron públicamente su descontento con la longitud del discurso y la falta de información práctica.

Aunque valoraron algunos anuncios pro‑inversión, como próximamente una reforma tributaria para las zonas económicas especiales y apoyo a mypes, las omisiones generaron inquietud. No se detalló la ejecución real del Plan Nacional de Competitividad, ni se ilustraron los proyectos departamentales durante el período 2025‑2026 que figuraban en el texto oficial entregado al Parlamento.

Además, el tema de la seguridad ciudadana apenas fue abordado. A pesar del aumento de operativos policiales y la promesa de impulsar unidades de flagrancia y criminalística, no hubo anuncio de aumento presupuestal, modificaciones legales ni propuestas claras frente a bandas criminales y al endurecimiento de la ley de crimen organizad. La petición de apoyo al combate de la delincuencia quedó en abstracto.

La respuesta de las cámaras ha sido un llamado urgente: quieren cifras, agenda regional real y resultados tangibles. Rechazan la retórica extensa sin fundamentos operativos. Exigen al Ejecutivo una hoja de ruta que dé prioridad a obras departamentales, beneficios para sectores estratégicos desde regiones y un cronograma de seguridad ciudadana con fechas y metas claras.

En conclusión, el mensaje largo eclipsó el fondo. El empresariado regional exige que las promesas se concreten con acciones inmediatas. Necesitan escuchar más planes que palabras. Este episodio plantea una cuestión central: ¿prefiere Perú un gobierno que habla mucho o uno que actúa mejor?