El pasado domingo 20 de julio, un dron explosivo del ELN atacó a soldados del Ejército colombiano en la vereda Santa Rita, municipio de El Carmen, Norte de Santander, región conocida como Catatumbo. El saldo fue devastador. Tres militares muertos —Jesús Alberto Sánchez Anaya, Jader Luis Calle Núñez y Héctor Miguel Ramos Olivera— y ocho heridos que fueron atendidos por enfermeros de combate y evacuados para atención médica especializada

La Fuerza de Tarea Vulcano confirmó que los soldados desarrollaban una patrulla de control cuando fueron sorprendidos por tres drones que lanzaron seis granadas artesanales con precisión táctica. Esto marca uno de los ataques más letales con drones registrados en la zona hasta ahora. Solo en 2025 se han contado más de 75 ataques de esta clase, lo que indica una peligrosa tendencia.

El Ministerio de Defensa lo calificó como un acto “terrorista”. Denunció que estas prácticas viola el Derecho Internacional Humanitario y representa una amenaza clara para la fuerza pública y la población civil. En respuesta, el Ejército elevó las alertas operativas y reforzó controles en la zona.

Expertos coinciden en señalar que el uso de drones por parte de grupos armados ilegales —como el ELN y disidencias de las FARC— ha transformado el conflicto en Colombia. Estos dispositivos permiten atacar de forma remota, a bajo costo y con menor riesgo para quienes operan, complicando la respuesta militar.

El ataque del domingo es una muestra más de esa evolución beligerante: drones convertidos en armas mortales. La región del Catatumbo vuelve a ser epicentro de esta escalada, obligando a las autoridades a diseñar nuevas estrategias de defensa aéreas y tecnológicas. La muerte de estos tres soldados es un llamado de atención urgente frente a un enemigo cada vez más sofisticado.