Seis trabajadores del INPE fueron liberados tras ser implicados en una presunta red de tráfico de drogas operando desde el penal de Huamancaca, en la región Junín. Las autoridades judiciales determinaron que, por ahora, no hay pruebas suficientes para mantenerlos detenidos.

Según fuentes oficiales, la investigación señala que los implicados estarían colaborando con una organización criminal que operaba dentro del centro penitenciario. La red facilitaba el ingreso y la distribución de sustancias ilegales, aprovechando los turnos del personal de seguridad y vigilancia.

La liberación ha causado polémica, ya que el caso había sido presentado como parte de una gran operación anticorrupción dentro del sistema penitenciario. Los familiares de los liberados aseguran que se trata de una injusticia y que todo se basa en supuestos sin fundamentos claros.

El Ministerio Público continúa con las diligencias y no descarta volver a solicitar prisión preventiva si surgen nuevas pruebas. Mientras tanto, los seis trabajadores seguirán siendo investigados en libertad, bajo medidas restrictivas.

Este caso ha puesto bajo la lupa la seguridad en los penales del país. El penal de Huamancaca ya había sido señalado en el pasado por irregularidades internas y denuncias sobre ingreso de objetos prohibidos.

Las autoridades del INPE anunciaron que reforzarán los controles internos y que iniciarán una auditoría para identificar posibles redes criminales dentro del sistema penitenciario. Además, se espera la reestructuración del personal del penal de Huamancaca.

Este escándalo no solo evidencia las brechas de control en las cárceles del Perú, sino también el riesgo de corrupción entre el personal penitenciario. La ciudadanía exige transparencia y resultados concretos.