El Poder Judicial declaró infundado el pedido de impedimento de salida del país por 36 meses contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán. La solicitud la presentó el Ministerio Público dentro del caso “Vías Nuevas de Lima”, que investiga presuntas irregularidades en la concesión de peajes con Odebrecht y LAMSAC, y posibles sobornos durante su gestión entre 2011 y 2014. El objetivo de la fiscalía era asegurar la presencia de Villarán en el país durante el proceso, vinculado a colusión agravada y actividad de una organización criminal. Sin embargo, el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional consideró que los argumentos no justificaban una restricción migratoria tan prolongada. Junto a Villarán, también estaban implicados otros exfuncionarios de su administración. La decisión judicial deja sin efecto la medida, permitiéndole viajar al exterior, aunque la investigación sigue activa. El caso sigue los pasos del escándalo Odebrecht en Lima, enmarcado en la adenda al contrato de la Línea Amarilla y ajustes en tarifas de peaje. La fiscalía aún puede apelar, lo que mantiene la incertidumbre. No obstante, por ahora, Villarán mantiene su libertad de movimiento y la investigación debe continuar dentro del territorio. Este fallo marca un hito en el proceso, ya que evidencia límites a las medidas cautelares solicitadas por la fiscalía en casos complejos de corrupción. La resolución permite a Villarán preservar su ámbito personal y profesional sin restricciones migratorias, mientras enfrenta las acusaciones de colusión agravada. En resumen, la justicia tumbó la petición de 36 meses de impedimento de salida, pero el proceso legal sigue en marcha. Villarán queda libre de salir del país, aunque su situación jurídica aún no se define totalmente.