El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) reitera su preocupación por la llamada “ley mordaza”, cuyo texto fue aprobado en marzo y ahora está en agenda para una segunda votación en el Congreso.

Esta iniciativa busca modificar el derecho de rectificación, reduciendo los plazos de siete a un solo día, y penalizar con hasta cinco años de prisión la difusión de información que supuestamente atente contra la honestidad o la privacidad.

IPYS y otras organizaciones como la ANP, SNRTV, CPS y SIP advierten que estas medidas constituyen una grave amenaza a la libertad de prensa e información.

Argumentan que el plazo de 24 h para rectificar es inviable y obligaría a medios a publicar correcciones sin verificar, lo que limita su práctica periodística. Además, la sanción penal por difamación o violación de intimidad amenaza las investigaciones críticas y prolonga procesos judiciales ya utilizados como amedrentamiento.

La segunda votación está agendada tras una primera aprobación el 13 de marzo, por una ajustada mayoría de 37 votos. Aunque el presidente del Congreso expresó dudas sobre su aprobación definitiva, el dictamen sigue en la agenda. Gremios periodísticos alertan que bancos de minoría y algunas bancadas minoritarias podrían darle luz verde.

IPYS exige que se archive la norma de inmediato. Insiste en que el marco legal actual ya se ajusta a estándares internacionales y respeta los derechos al honor sin criminalizar el periodismo. . También advierten que la ley refuerza un patrón de retrocesos y control político sobre la prensa.

En conclusión, IPYS y las principales instituciones de prensa solicitan detener la “ley mordaza” antes de que avance. Exigen defensa efectiva de la libertad de información frente a dictámenes que limitan la crítica política y el rol fiscalizador de los medios. Esta lucha busca preservar una prensa libre y responsable.