El juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo comenzó el 4 de marzo de 2025 en la Sala Penal Especial de la Corte Suprema. El Ministerio Público lo acusa de rebelión, abuso de autoridad y perturbación del orden público por su intento de disolver el Congreso el 7 de diciembre de 2022. La Fiscalía busca una condena de 34 años de prisión y 65 millones de soles en reparación civil.

Castillo se presentó sin abogado y calificó el proceso de “pantomima”, rechazando la representación legal en la primera audiencia. En la tercera, un defensor renunció por “quiebre de confianza”. El tribunal ordenó proceder con el juicio oral, recordándole que es un proceso público y de estricto formato. Los coacusados incluyen ex funcionarios claves como la exjefa del Gabinete Betssy Chávez y el expremier Aníbal Torres, acusados como coautores.

La acusación se basa en al menos 75 documentos, más de 70 testimonios, pruebas periciales y registros de una reunión en Palacio el 6 de diciembre de 2022, donde se planificó el autogolpe. El plan incluía la disolución del Congreso, intervención de las instituciones y un toque de queda. Castillo fue vacado con 101 votos, perdió el apoyo de las fuerzas armadas, fue destituido y arrestado mientras buscaba asilo en la embajada de México.

Este juicio se realiza de forma mixta (presencial y virtual) en sesiones martes, jueves y viernes desde el penal de Barbadillo, donde permanece en prisión preventiva. El caso representa uno de los momentos más significativos en la historia jurídica peruana. De resultar condenado, Castillo enfrentará una penalidad comparable a las impuestas a expresidentes por corrupción o crímenes graves, y redefinirá la relación entre poder civil y militar en el país.