José Miguel Castro, exgerente municipal durante la gestión de Susana Villarán (2011‑2014) y ahora colaborador eficaz en el caso Lava Jato, fue hallado muerto en su domicilio de Miraflores el 29 de junio, con un corte profundo en el cuello, que despertó dudas sobre si fue homicidio o suicidio. La policía y la Fiscalía iniciaron diligencias preliminares, con presencia forense y criminalística, investiga el área y analiza posibles manipulaciones en la escena .

El fiscal José Domingo Pérez confirmó que Castro asistió semanas antes a la fiscalía para revisar su colaboración eficaz y no reportó amenazas, calificándolo como un evento “bastante extraño”. Castro estaba próximo a testificar en el juicio oral contra Villarán, que iniciará el 23 de septiembre, por presuntos sobornos de Odebrecht y OAS, valuados en US$10 millones para obras como Rutas de Lima y Línea Amarilla.

Expertos como Luis Herrera señalaron que su muerte demuestra el “fracaso del sistema de justicia anticorrupción” y sientan temor entre colaboradores. “Si hablas, mueres”, remató. El expresidente del Tribunal Constitucional Víctor García Toma advirtió que este caso podría abrir una “etapa de intimidación” a testigos de Lava Jato.

Por otro lado, se reveló que Castro tenía deudas casi impagables por S/998.511, lo que, según César Hildebrandt, complica la versión del homicidio por encargo, ya que se hallaron cuchillos en la escena, algo poco común por un sicario.

A pesar de su muerte, su testimonio mantiene validez legal como evidencia, según la ley procesal penal, y será usado en el juicio. Las investigaciones continúan mientras crece la presión pública para aclarar si fue un suicidio, homicidio o crimen planificado para silenciar a un testigo vital.