El Congreso admitió formalmente una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y otros tres miembros de la Junta de Fiscales Supremos por presunta desobediencia de autoridad, usurpación de funciones y resistencia al Estado, tras ignorar una resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que ordenaba la reposición de Patricia Benavides como fiscal suprema.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó la admisión por mayoría. El caso será enviado próximamente a la Comisión Permanente, que evaluará si corresponde abrir un juicio político. Una posible destitución dependerá luego del voto del pleno del Congreso.

La resolución de la JNJ buscaba restaurar a Benavides al cargo. Sin embargo, Espinoza y sus colegas se negaron a acatarla. El Congreso alega que este acto constituye una infracción constitucional. Los artículos involucrados serían los 43, 45, 139.2 y 154.3. Además, se les imputan los presuntos delitos de resistencia a la autoridad y usurpación de funciones.

La votación contó con el apoyo de congresistas de Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Perú Libre, Podemos Perú y Honor y Democracia. En contra votaron legisladores del Bloque Democrático Popular, Juntos por el Perú y la Bancada Socialista. Hubo una abstención de un integrante del Bloque Magisterial.

Por su parte, la Junta de Fiscales Supremos rechazó las denuncias por infundadas. Aseguró que Espinoza actuó con respeto a la Constitución y dentro del marco legal vigente. Recordaron que la competencia para iniciar investigaciones a congresistas viene de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

El entorno institucional está tensionado. Desde junio, se acumulan denuncias cruzadas entre el Congreso, la JNJ y el Ministerio Público. En junio, Benavides intentó reinstalarse apoyada por grupos externos. Espinoza la defendió y el conflicto escaló. La confrontación entre poderes del Estado sigue escalando en medio de acusaciones mutuas y disputas legales .