El acta de la JNJ reveló hoy que el 9 de junio seis de los siete consejeros firmaron la resolución que anula la destitución de Patricia Benavides y la restituye como fiscal suprema y fiscal de la Nación. La secretaria general, Giovanna Díaz Revilla, no fue convocada ni firmó el documento, y presentó su renuncia el 16 de junio por esa razón.

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, exigió al JNJ la copia del acta y el video de la sesión para validar el procedimiento . Hasta la fecha, solo se entregó el acta con seis firmas. La JNJ sostiene que la resolución es válida, vinculante y debe acatarse de inmediato, y cuestiona cualquier desacato como un riesgo al Estado de derecho.

Algunos consejeros advirtieron presiones para firmar el acta, incluso dentro de la institución. También se señala que la sesión fue privada, sin video oficial, generando dudas sobre la transparencia del proceso.

La polémica se centra en si la JNJ está facultada para restituir directamente a la fiscal de la Nación, sin pasar por mecanismos judiciales o administrativos adicionales. Expertos legales señalan que se trató de una nulidad procesal que no equivale necesariamente a un nuevo nombramiento.

El conflicto se intensifica por la falta de quórum en la sesión y la ausencia de la secretaria general, lo que podría afectar la legitimidad del acto administrativo . Además, la responsabilidad de Espinoza de acatar o no la decisión despliega un choque de poderes que podría derivar en acciones judiciales.

Este caso tiene alto impacto institucional. La reposición de Benavides abre un nuevo capítulo en la pugna entre el Ministerio Público y la JNJ. La sede del Poder Judicial, el Congreso y la opinión pública están en alerta. La próxima etapa incluirá posibles impugnaciones legales, cuestionamientos al procedimiento y análisis constitucional sobre las competencias de la JNJ y el rol de la fiscal de la Nación.

Los próximos días serán claves. Se espera que se entregue el video completo y se resuelvan los cuestionamientos sobre transparencia. El episodio marcará un precedente en la gobernanza de la administración de justicia peruana y podría rediseñar el equilibrio entre organismos autónomos y otras instituciones de control.