La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso evalúa hoy una denuncia presentada por la bancada de Renovación Popular contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. La acusación busca su inhabilitación por 10 años, basándose en presuntos delitos como resistencia a la autoridad, usurpación de funciones y desobediencia a la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Según los denuncistas, Espinoza ignoró una orden de la JNJ que restituía a su antecesora, Patricia Benavides, alegando que permanecía en el cargo sin justificación legal. Además, se le acusa de delegar indebidamente investigaciones preliminares a su favor. La denuncia ha generado un intenso debate sobre la legitimidad de su autoridad y su alineamiento político.

La Subcomisión ya recibió hasta 10 denuncias relacionadas, lo que la convierte en una sesión decisiva. Los legisladores, encabezados por Alejandro Muñante, Norma Yarrow, Diego Bazán y Miguel Ciccia, buscarán argumentos sólidos. De aceptarse la denuncia, Espinoza enfrentaría un juicio político por supuestas violaciones al Código Penal (artículos 361 y 368).

El caso trasciende lo político: pone en tela de juicio la independencia del Ministerio Público frente al Congreso. Gran parte del Perú sigue el proceso con atención, pues un fallo podría redefinir el equilibrio entre poderes. El rol de la JNJ y el respeto a sus decisiones también están en el centro del debate.

La decisión de hoy definirá si la Subcomisión admite a trámite la acusación o la descarta por falta de mérito. En caso de admisión, se iniciaría un proceso judicial-constitucional que podría durar meses, y Espinoza tendría la palabra para defender su gestión y legalidad.

En resumen, la sesión de hoy puede cambiar el rumbo político e institucional del país. El resultado pondrá en evidencia la fuerza del Congreso frente al Ministerio Público, y establecerá si una fiscal puede permanecer en su cargo tras desobedecer a la JNJ. Esta historia está en desarrollo y atraerá la atención pública y mediática.