La Junta de Fiscales Supremos declaró este 15 de marzo que no reconoce el retorno de Patricia Benavides como fiscal de la Nación y confirma su respaldo a Delia Espinoza. Varios congresistas investigados presentaron una denuncia constitucional contra Espinoza por presunta infracción, pero la Junta la descartó por falta de base legal y fáctica. Este pronunciamiento refuerza la estabilidad de Espinoza al frente del Ministerio Público.

El rechazo al regreso de Benavides se enmarca en un contexto de tensión institucional: ella fue suspendida en mayo de 2024 por favorecer a su hermana en casos judiciales y luego se le investigó por liderar una presunta organización criminal dentro del Ministerio Público. Tras su suspensión, encaró una serie de recursos judiciales para recuperar su cargo, pero no logró apoyo de la Junta de Fiscales Supremos.

Por su parte, Delia Espinoza asumió el caso contra Benavides, investigando delitos graves como corrupción, abuso de autoridad y tráfico de influencias. Su nombramiento fue cuestionado por cinco congresistas, quienes pidieron su inhabilitación por 10 años. La Junta respondió firmemente que su denuncia carece de mérito, avalando así la continuidad de Espinoza en el rol que ocupa.

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En conclusión, la Junta demuestra que el retorno de Benavides no cuenta con respaldo legal. Al mismo tiempo, refuerza la autoridad de Espinoza, lo cual desplaza la disputa a un terreno judicial y político. El episodio marca un precedente claro: solo se tomarán decisiones basadas en sustento legal y aval institucional.