El 23 de mayo de 2025, la Comisión Permanente del Congreso del Perú archivó la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por el denominado “caso Rolex”. Con 14 votos a favor, 8 en contra y una abstención, se aprobó el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que recomendaba no proceder con la acusación.

La denuncia se basaba en la presunta aceptación de relojes de lujo y joyas por parte de Boluarte, supuestamente entregados por el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima. La Fiscalía de la Nación la investigaba por presunto cohecho pasivo impropio.

El informe argumentó que los hechos imputados no están contemplados en el artículo 117 de la Constitución, que limita las causas por las cuales un presidente en funciones puede ser acusado. Por ello, se consideró “constitucionalmente correcto y jurídicamente obligatorio” archivar el caso.

La decisión generó críticas por parte de la oposición, que la calificó como un acto de encubrimiento y falta de transparencia. El congresista Alex Flores, de la Bancada Socialista, expresó que se trata de “uno de los casos mayores de corrupción” del gobierno.

A pesar del archivamiento en el Congreso, la investigación fiscal continúa su curso. La presidenta Boluarte ha negado las acusaciones, afirmando que los relojes fueron prestados por Oscorima y que no hubo intención de ocultar información.

Este caso ha generado un amplio debate sobre la inmunidad presidencial y la necesidad de reformas que permitan una mayor fiscalización de los altos funcionarios en ejercicio.