El Congreso de la República archivó una controvertida propuesta legislativa impulsada por Perú Libre que buscaba sancionar penalmente a jueces y fiscales por presuntas “instrumentalizaciones de la justicia”. La iniciativa, presentada por el congresista Waldemar Cerrón, proponía penas de cárcel para magistrados que, según el proyecto, actuaran de manera parcializada o abusaran de su autoridad.

El dictamen no obtuvo el respaldo necesario en la Comisión de Justicia, lo que llevó a su archivo. Diversos sectores políticos y organizaciones de derechos humanos criticaron la propuesta, argumentando que atentaba contra la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público. El Ministerio de Justicia también se pronunció en contra, señalando que la medida afectaba la separación de poderes y la autonomía de las instituciones judiciales.

Expertos en derecho penal advirtieron que la propuesta podría haber sido utilizada para amedrentar a magistrados y fiscales que investigan casos de corrupción y crimen organizado, en los que están involucrados miembros del Congreso y otros funcionarios públicos. Además, señalaron que la iniciativa carecía de fundamentos jurídicos sólidos y que su aprobación habría representado un grave retroceso en la lucha contra la impunidad en el país.

La decisión de archivar el proyecto fue celebrada por diversas organizaciones de la sociedad civil, que destacaron la importancia de mantener la independencia de los órganos de justicia y de evitar cualquier intento de interferencia política en sus funciones. Sin embargo, advirtieron que es necesario mantenerse vigilantes ante futuros intentos de socavar la autonomía del sistema judicial en Perú.

Este episodio refleja las tensiones existentes entre el Legislativo y el Poder Judicial, en un contexto marcado por investigaciones de alto perfil y una creciente demanda ciudadana por transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública.