
El 22 de mayo de 2025, la administración de Donald Trump revocó la certificación del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP) de la Universidad de Harvard, impidiéndole inscribir estudiantes internacionales para el año académico 2025-2026. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, justificó la medida alegando que Harvard fomentaba un entorno inseguro, toleraba el antisemitismo y se negaba a proporcionar información sobre estudiantes extranjeros.
La decisión afecta a aproximadamente 6,800 estudiantes internacionales, que representan el 27% del alumnado de Harvard. Estos estudiantes deben transferirse a otras instituciones o enfrentar la pérdida de su estatus legal en EE. UU. Harvard calificó la acción como “ilegal” y “represalia”, y anunció que tomará medidas legales para proteger a su comunidad académica.
La revocación de la certificación SEVP se produce en medio de tensiones crecientes entre la administración Trump y las instituciones académicas. El gobierno también ha congelado $2.3 mil millones en fondos federales para Harvard y ha amenazado con revocar su estatus de exención fiscal.
Organizaciones de derechos civiles y líderes académicos han expresado su preocupación por el impacto de esta medida en la diversidad y la libertad académica. Una orden judicial emitida horas después de la revocación impidió temporalmente que las autoridades migratorias deportaran a los estudiantes afectados, mientras se resuelve el litigio.
Este conflicto subraya las tensiones entre las políticas de inmigración del gobierno y la autonomía de las instituciones educativas. La comunidad internacional observa con atención las implicaciones de esta decisión para el futuro de la educación superior en EE. UU.