El expresidente peruano Pedro Castillo continúa desafiando el juicio oral en su contra por el fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Durante las audiencias, Castillo ha rechazado la representación de la defensa pública, argumentando que su único “delito” fue defender al pueblo. Además, ha acusado a la magistrada Norma Carbajal de adelantar opinión, lo que, según él, constituye una infracción constitucional que merece una denuncia. Estas acciones han llevado a tensos intercambios con los jueces del caso, especialmente con Carbajal y José Neyra. En una de las sesiones, Castillo intentó retirarse de la sala, declarando: “Estoy aquí contra mi voluntad”, pero su solicitud fue denegada por el tribunal. La Fiscalía ha solicitado una condena de 34 años de prisión para Castillo por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública. El exmandatario ha calificado el proceso como una “pantomima” y ha cuestionado la imparcialidad del tribunal. A pesar de sus intentos por desacreditar el juicio, las audiencias continúan, y se espera que el proceso se prolongue en los próximos meses. Este caso ha generado un amplio debate en la opinión pública peruana sobre la legalidad y legitimidad del juicio, así como sobre la conducta de Castillo durante el proceso. La situación sigue siendo monitoreada de cerca por diversos sectores políticos y sociales del país.