Fiscales alzan la voz contra la Ley 32326.
La Junta de Fiscales Supremos expresó su firme rechazo a la Ley 32326, norma que modifica la ley de extinción de dominio en el Perú. Según Delia Espinoza, fiscal de la Nación, esta ley debilita la lucha contra el crimen organizado y pone en peligro más de 2,300 casos activos.

La nueva norma exige una sentencia firme para aplicar extinción de dominio, lo que retrasa el proceso judicial. Además, impone un plazo de prescripción de cinco años, cuando antes era indefinido. Esto permitiría que delincuentes y testaferros conserven bienes ilícitos.

Espinoza advirtió que la norma podría obligar al Estado a devolver propiedades, desbloquear cuentas y anular embargos. Esto compromete años de investigaciones contra delitos como corrupción, lavado de activos y narcotráfico.

Además, alertó que esta ley viola tratados internacionales, como las convenciones de Palermo y Mérida, y contradice los principios de las Naciones Unidas sobre recuperación de activos.

Finalmente, hizo un llamado al Congreso y al Ejecutivo a rectificar esta decisión y recordó que en el pasado ya se revirtieron normas que afectaban la lucha anticorrupción.