El gobierno peruano aprobó la Ley N.º 32330, que reduce la edad de responsabilidad penal de 18 a 16 años. Esta decisión generó fuerte rechazo de Unicef, UNFPA y la UNODC, quienes alertaron que la norma va en contra de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por el Perú.

En un comunicado conjunto, las agencias expresaron su preocupación por el impacto negativo que esta ley podría tener en los adolescentes. Señalan que el enfoque debe centrarse en la prevención, rehabilitación y reinserción, no en el castigo.

“Esta ley contradice los compromisos internacionales que el Perú ha asumido”, indicaron. Además, recordaron que los menores de edad necesitan protección especial, no penas carcelarias que pueden afectar su desarrollo.

Unicef pidió al Estado peruano revisar esta norma y respetar los derechos de la niñez.

Organismos internacionales, defensores de derechos humanos y especialistas en justicia juvenil coinciden en que esta medida no soluciona la violencia ni la delincuencia juvenil, y solo pone en riesgo a más adolescentes.

Esta ley abre un debate urgente sobre cómo abordar el problema de la criminalidad juvenil sin vulnerar derechos fundamentales.