La presidenta del Perú, Dina Boluarte, ha generado controversia al responsabilizar al Ministerio Público por la creciente inseguridad ciudadana en el país. Durante una visita a la construcción de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional en Chorrillos, Boluarte declaró que las quejas sobre la inseguridad no deben dirigirse al Poder Ejecutivo, sino al Ministerio Público, señalando que la liberación de delincuentes por parte de fiscales es una de las principales causas del aumento de la criminalidad .
La mandataria anunció que denunciará ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) a los fiscales que liberen a delincuentes, instando a esta entidad a actuar con firmeza. Estas declaraciones surgen tras la liberación de 16 extranjeros detenidos en un operativo en Ate, lo que ha intensificado el debate sobre la eficacia del sistema judicial en la lucha contra la delincuencia.
Boluarte enfatizó que la seguridad de los peruanos recae principalmente en el Ministerio Público y el Poder Judicial, y lamentó que las acciones de algunos fiscales estén socavando los esfuerzos de la Policía Nacional. La presidenta también expresó su preocupación por la ausencia del Ministerio Público en reuniones clave sobre seguridad ciudadana, lo que, según ella, refleja una falta de compromiso con la protección de la ciudadanía.
Estas declaraciones han provocado diversas reacciones entre los actores políticos y la sociedad civil, generando un debate sobre la responsabilidad de las diferentes instituciones en la lucha contra la inseguridad. Mientras algunos apoyan la postura de Boluarte, otros critican que el Ejecutivo intente desviar la atención de sus propias responsabilidades.
La situación pone de manifiesto la necesidad de una coordinación efectiva entre el Ejecutivo, el Ministerio Público y el Poder Judicial para abordar de manera integral la inseguridad ciudadana que afecta al país.
