Perú enfrenta una crisis política sin precedentes. Hoy, tres expresidentes se encuentran en prisión por delitos de corrupción y abuso de poder. La lista la encabezan Alejandro Toledo, Pedro Castillo y ahora Ollanta Humala, recientemente condenado a 15 años de cárcel por lavado de activos.

El penal de Barbadillo, ubicado en Ate, se ha convertido en el lugar donde purgan condenas los exmandatarios. Toledo cumple 20 años y 6 meses por recibir 35 millones de dólares en sobornos de Odebrecht. Pedro Castillo, en prisión preventiva, fue arrestado tras intentar un golpe de Estado. Ahora, se suma Ollanta Humala, quien fue sentenciado por recibir aportes ilícitos del gobierno venezolano y de Odebrecht para su campaña electoral.

Pero la crisis no termina ahí. Pedro Pablo Kuczynski (PPK), de 86 años, sigue bajo proceso judicial por presunto lavado de activos. Aunque no está en prisión, enfrenta comparecencia restringida. Su caso también está vinculado al escándalo Odebrecht. Por otro lado, Martín Vizcarra, destituido en 2020 por “incapacidad moral”, está acusado de recibir más de 2 millones de soles en sobornos cuando fue gobernador de Moquegua. Actualmente está inhabilitado para ejercer cargos públicos hasta 2031.

La sucesión de casos ha convertido a Barbadillo en el símbolo de la crisis institucional en el Perú. La población ve con indignación cómo los más altos cargos del país terminan procesados o encarcelados. Cada nuevo juicio, cada condena, refuerza la percepción de impunidad y corrupción en las más altas esferas del poder.

El país necesita reformas urgentes, transparencia y justicia real. Mientras tanto, la cárcel de Barbadillo sigue recibiendo a quienes alguna vez juraron servir al pueblo.