El Poder Judicial ha decidido ampliar la prisión preventiva del expresidente Pedro Castillo a 18 meses. Originalmente, la medida era de 14 meses, pero se incrementó debido al riesgo de fuga y la complejidad del caso. Castillo está acusado de rebelión, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública.

Esta decisión fue tomada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que aceptó el requerimiento de la Fiscalía y revocó la resolución inicial. La Sala consideró que prolongar la prisión preventiva era necesario para asegurar la continuidad del proceso judicial.

Ernesto de la Jara ha señalado que los fiscales podrían tomar decisiones estratégicas que les ayuden a llevar a buen puerto el juicio del caso cócteles. A fines del mes pasado, la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos expresó su desacuerdo con la decisión inicial del juez supremo Juan Carlos Checkley, quien había determinado que la prisión preventiva duraría 14 meses. La Fiscalía apeló la medida, solicitando una ampliación.

La defensa de Castillo también interpuso un recurso de apelación, argumentando que se incluyeron hechos no planteados originalmente por la Fiscalía. El juez Checkley aceptó ambos recursos de apelación y los envió a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que finalmente emitió su respuesta.

El documento judicial señala: «Declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por Pedro Castillo (…), en cuanto declaró fundado en parte el requerimiento de prolongación de prisión preventiva dictado en su contra. En consecuencia, declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por el Fiscal Supremo de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos contra el requerimiento de prolongación de prisión preventiva que fijaron en catorce meses el plazo de prolongación de la misma. En consecuencia, revocar en primera instancia en este punto y reformándolo en dieciocho meses el plazo de prolongación de la prisión preventiva».

El pasado 10 de julio, el Poder Judicial ratificó su rechazo a la solicitud de Castillo para anular el acta de intervención policial del 7 de diciembre de 2022, fecha en la que fue detenido tras su intento de golpe de Estado. La defensa del exmandatario alegó que el acta de intervención había vulnerado el debido proceso y el derecho a la defensa procesal. Sin embargo, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema desestimó estos argumentos, señalando que no existían razones suficientes para afirmar que la intervención policial y las primeras diligencias afectaron de manera grave el procedimiento.

Durante una audiencia el 5 de julio, Castillo Terrones negó nuevamente sus intenciones de fuga y golpe de Estado. «Señor magistrado, acá hay una sola verdad. Yo nunca pretendí fugarme del país y nunca cometí un golpe de Estado. Nunca cogí un arma, solo un documento», dijo el expresidente. Respecto al intento de huir del país, Castillo presentó un documento de la embajada de México en Perú que confirma que no ha recibido ninguna solicitud de asilo por parte de Castillo. El documento también precisa que cualquier solicitud de asilo presentada por personas no autorizadas y sin la firma de Castillo carece de validez.