El sector transporte anunció su participación en la movilización nacional del 15 de octubre contra el gobierno de Dina Boluarte, exigiendo la derogación de la Ley N.º 32108, la declaratoria de emergencia del transporte y justicia para las víctimas del sicariato.

Los dirigentes Walter Carrera, vicepresidente de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional (Asotrani), y Julio Campos, líder de la Alianza Nacional de Transportistas, confirmaron su adhesión a las protestas. Ambos señalaron que esta es “la única forma de presionar al Gobierno” para que responda ante la ola de violencia y extorsiones que afecta al sector.

Carrera indicó que los gremios podrían adelantar la marcha al 13 de octubre, en coordinación con el alcalde de Pataz, Aldo Mariño, quien lidera una “marcha de sacrificio” hacia Lima para exigir seguridad en su distrito. Mariño fue detenido brevemente durante su recorrido, lo que generó más indignación en los manifestantes.

Los transportistas también expresaron su rechazo al diálogo con el Congreso y el Ejecutivo, al considerar que las mesas de trabajo no han dado resultados. “Todas las reuniones han sido un fracaso”, declaró Campos.

Entre las demandas principales destacan la derogación de la Ley 32108, que —según los gremios— debilita la lucha contra el crimen organizado, y la exigencia de mayor coordinación entre la Policía y el Ministerio Público.

Pese a una reunión convocada por el Congreso para tratar el tema del transporte, Carrera ratificó la protesta: “La movilización se mantiene. Es la única forma de hacer que el Gobierno reaccione”.

La marcha busca visibilizar la crisis de inseguridad y la violencia contra los transportistas, que en los últimos meses ha dejado múltiples víctimas en Lima y regiones.