El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, calificó como “criminal, violento y delictivo” el paro de transportistas que se desarrolló el 6 de octubre en Lima y Callao. La medida fue convocada tras el asesinato del conductor Daniel José Cedeña Alfonso, de la empresa LIPETSA, un hecho que generó indignación entre los gremios de transporte.

Arriola advirtió que se podrían realizar detenciones contra los organizadores y participantes del paro por incurrir en delitos de bloqueo de vías y disturbios. Según el jefe policial, la medida original debía ser un simple “apagado de motores”, sin afectar el tránsito ni alterar el orden público.

Durante su declaración, el comandante restó importancia al asesinato del chofer, asegurando que el crimen no estaría relacionado con casos de extorsión, argumento central de los transportistas. Indicó que el arma usada en el homicidio ya había sido utilizada en otro crimen ocurrido en 2023 y que la empresa LIPETSA no ha recibido amenazas extorsivas.

Estas declaraciones generaron polémica y rechazo entre los conductores, quienes consideran que la PNP intenta deslegitimar su protesta. Los gremios sostienen que la inseguridad sigue cobrando vidas y que la indiferencia del Estado agrava la situación.

El pronunciamiento de Arriola ha provocado un fuerte debate nacional sobre los límites del derecho a la protesta y la respuesta del Estado frente a la inseguridad ciudadana, un problema que continúa afectando a miles de peruanos.