La presidenta Dina Boluarte volvió a generar polémica con sus declaraciones en la reunión de Empresarios Iberoamericanos en Estados Unidos. En su discurso, minimizó las protestas registradas en septiembre y negó responsabilidad en las muertes ocurridas durante las manifestaciones de 2022 y 2023, asegurando que tampoco será culpable de las que puedan suceder en futuras movilizaciones.

“Se me acusaron de 60 fallecidos, de querer exterminar sistemáticamente a la raza andina, pero esa es una narrativa falsa de quienes generan violencia”, afirmó la mandataria. Boluarte sostuvo que su gobierno enfrenta una campaña de desinformación impulsada por la minería ilegal, el narcotráfico y mafias corruptas que buscan desestabilizar al país.

Además, calificó de “anarquistas” a quienes marchan contra su gestión y reiteró que su mandato se extenderá hasta julio de 2026 porque, según dijo, fue elegida por el pueblo. “La voz del pueblo es la voz de Dios”, manifestó ante empresarios internacionales.

En el Perú, la disconformidad con el Ejecutivo y el Congreso sigue latente. Sectores sociales exigen su renuncia y critican decisiones como la designación de Juan José Santiváñez, exministro del Interior censurado, en la cartera de Justicia y Derechos Humanos.

La presidenta también acumula investigaciones fiscales por presuntos delitos de corrupción, lavado de activos, cohecho, homicidio calificado y abandono de cargo. Sin embargo, el Tribunal Constitucional dispuso en agosto suspender todos los procesos en su contra hasta 2026, lo que congela las pesquisas, pero no implica absolución.

Las declaraciones de Boluarte, lejos de calmar las tensiones, han profundizado el debate sobre la crisis política y social en el país, mientras organizaciones de derechos humanos insisten en esclarecer las muertes ocurridas durante las protestas.