La presidenta Dina Boluarte enfrenta un escenario crítico tras la última encuesta de CPI, que revela un 93.8% de desaprobación y solo un 2.5% de aprobación, la cifra más baja registrada en su gestión. Este resultado refleja el masivo rechazo ciudadano hacia el Gobierno y marca un mínimo histórico en la percepción de la mandataria.

La encuesta también expone que el Congreso de la República supera a Boluarte en impopularidad, con un 94.4% de desaprobación, lo que confirma una profunda crisis de legitimidad en las principales instituciones del Estado.

El descontento nacional se vio potenciado por la polémica ley de AFP, que desató fuertes movilizaciones, especialmente protagonizadas por la Generación Z, quienes se consolidaron como el motor de las protestas. La presión social obligó a un retroceso legislativo y a que el Ejecutivo autorice un octavo retiro de fondos previsionales, interpretado por analistas como una medida desesperada para contener las manifestaciones.

Este panorama refleja la fractura entre ciudadanía y clase política. Los altos niveles de desaprobación evidencian que tanto el Gobierno como el Congreso han perdido la confianza de la población. La falta de consensos, las medidas reactivas y la percepción de desconexión con las demandas sociales han deteriorado aún más la relación con los peruanos.

El informe de CPI confirma que la crisis política en Perú se profundiza y que la mandataria, junto con el Legislativo, enfrentan los peores índices de legitimidad en años. Para muchos especialistas, esta situación plantea un reto inmediato: reconstruir puentes con la ciudadanía antes de que el descontento derive en mayores conflictos sociales.